VPO

¿Vuelve la VPO? En realidad nunca se ha ido

Parece ser que este Gobierno tiene el propósito de tomarse en serio el asunto de la vivienda, o por lo menos eso ha declarado en los últimos días. Incluso se ha reunido con los actores empresariales del sector, con la notable excepción de los comercializadores inmobiliarios, algo incomprensible si atendemos al hecho de que este subsector incluye la inmensa mayoría de las empresas y gestiona al menos un 50% de las compraventas, básicamente de viviendas de segunda mano. Además de dos iniciativas que van en la buena dirección, como los avales ICO para jóvenes que compran su primera vivienda y la agilización de la financiación bancaria para promotores, se apunta otra que puede tener gran trascendencia en el mercado: la reactivación de la VPO.

Lo sorprendente es que la VPO, en algunos formatos y en algunas Comunidades Autónomas, sigue estando vigente, aunque la producción real de viviendas protegidas esté en sus mínimos históricos. La historia de la VPO, o Vivienda Protegida, sea de iniciativa pública o privada, tiene una larga historia en nuestro país, con hitos legislativos en diferentes décadas del siglo XX especialmente y XXI. La razón por la que ha caído prácticamente en desuso, con graves consecuencias para el mercado inmobiliario en compra y en alquiler, tiene mucho que ver con la avaricia pública y privada en tiempos de la burbuja, y el caos financiero y empresarial que asoló el sector con el estallido de esta.

En la época de la burbuja, los ayuntamientos a través de sus gerencias de urbanismo, produjeron un número astronómico de licencias de promoción, con la condición de que los promotores cedieran una parte significativa de ese suelo a los propios ayuntamientos, supuestamente para favorecer la producción de vivienda protegida, o esa era la excusa. En vez de ello, los ayuntamientos prefirieron hacer caja y subastar el suelo de su propiedad alimentando asi la burbuja. Cuando esta llegó a un punto insostenible (se construían muchas más viviendas de las que el mercado era capaz de absorber), la burbuja hipotecaria estalló y el suelo por construir se convirtió en un producto tóxico que apenas tenía valor, fuera de titularidad pública o privada. Con la ruina del sector llegó la desaparición casi total de la Obra Nueva. Después de la catástrofe, y con la mayor parte del suelo urbanizable (o no) en los balances de los Bancos supervivientes y en la SAREB (el banco público que absorbió los restos del naufragio inmobiliario), el sector se enfrentó a grandes dificultades para su nueva puesta en marcha, que se inició en 2014, de la mano de Fondos de inversión extranjero con poco apetito y ninguna necesidad real de ayudas públicas y conciertos como la VPO, que pone restricciones a su negocio desde diversos puntos de visa.

Llegados a este punto, y con la inestimable ayuda de sus socios a la izquierda, que sacaron su artillería desde el primer momento para perjudicar a los arrendatarios (metiendo a millones de pequeños propietarios en el mismo paquete que los llamados fondos buitre), el Gobierno ha provocado la retirada masiva de viviendas del alquiler residencial. Ahora nos encontramos un mercado inmobiliario disfuncional en el que el derecho a disfrutar de una vivienda digna a un precio asumible con un salario medio, parece una fantasía de una película de Disney.

Afortunadamente, los que han azuzado el incendio (aunque no lo hubieran iniciado, hay que reconocerlo) se han dado cuenta de su magnitud y parecen dispuestos a sofocarlo. El problema es que virar el rumbo del mercado inmobiliario actual no será fácil, sobre todo con los actuales tipos de interés y los sueldos tan bajos, consecuencia de una caída récord de la productividad de nuestra economía en la última década y media. Todo apunta a que Gobierno, entidades financieras, promotores y comercializadores se estén poniendo las pilas, y una de las medidas ineludible va a ser la reactivación de la VPO, con ese u otro nombre. Lo que no asegura su éxito, porque la producción de viviendas está sometida a las normativas, estatales, autonómicas y municipales, y el actual panorama política dificulta el que todos remen en la misma dirección. El éxito no está asegurado, pero el esfuerzo merece la pena.

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