La nueva Ley del Suelo y lo que viene a solucionar

España no es solo una gran potencia mundial en el turismo, también lo es en el sector de la promoción inmobiliaria. Y aunque suene siempre a pelotazo y especulación, la verdad es que el derecho a una vivienda digna que reconoce nuestra Constitución tiene por ese lado un pilar bien asentado. Otra cosa es lo que se haga con los frutos de esa industria inmobiliaria. Parece ser que, en este aspecto al menos, va a regir un cierto consenso entre los grandes partidos de gobierno españoles, como pone en evidencia la oposición feroz que está presentando el ala más radical de la izquierda, que intentará tumbar lo aprobado en Consejo de Ministros aprovechando la tramitación parlamentaria, según han declarado los portavoces de Sumar y Podemos.

Es cierto que, cuando hay tantos y tan importantes intereses en juego, es difícil acertar en una arquitectura legal que contente a todos. Y sí, efectivamente, se producen fenómenos especulativos, como la acaparación de suelo en manos de uno o pocos promotores. Un ejemplo paradigmático es el caso de Tomás Olivo, una de las mayore fortunas españolas y la de procedencia más curiosa, porque este promotor cartagenero hizo su fortuna adelantándose  a comprar algunos terrenos que posteriormente el Consejo de Administración de Carrefour elegía para levantar sus centros comerciales en España. Los beneficios de esas peculiares dotes predictivas, las empleó Tomás Olivo en la compra de solares de la ciudad departamental que han tenido paralizada su expansión urbana durante décadas, a pesar de los intentos de su Ayuntamiento de movilizar la construcción en dichas ubicaciones, intentos que el promotor cartagenero fue capaz de tumbar en todos los casos para salvaguardar sus activos, que valían más con el transcurso del tiempo y la crecimiento natural de la ciudad.

No solo situaciones como esta se busca evitar con la nueva legislación del suelo, que se extiende también a la rehabilitación urbana. También que una aprobación parcial con defectos subsanables a posterioridad, abra el camino para su impugnación por alguna parte interesada. Se da el caso que países como Reino Unido, son incapaces de ofrecer viviendas de obra nueva a sus ciudadanos por el fenómeno conocido como “nimby” en sus siglas en inglés: “not in my backyard”, que traducido literalmente significa “no en mi patio trasero” y que define a los ciudadanos que se oponen a cualquier actuación urbanística que les afecte aunque sea mínimamente, obviando que esa paralización impida que el tejido urbano evolucione y se desarrolle.

Eso sucede en Reino Unido en gran parte porque las entidades locales no se benefician de los impuestos que genera la actividad constructiva en sus territorios, al contrario que la Hacienda central del Estado. De esta forma, los políticos locales tienen que enfrentar las protestas de los “nimbys” y el castigo electoral de los afectados por la acción constructiva, sin apenas incentivos fiscales para compensarles de las molestias.

En España ocurre todo lo contrario gracias a una legislación urbanística que pone el énfasis en que el esfuerzo urbanizador lo asuman con sus propios recursos y por anticipado los que se van a beneficiar de él, en este caso los dueños del suelo original y los promotores de viviendas. Esa es la explicación de que las ciudades españolas hayan podido desarrollarse con cierta armonía y con fondos suficientes para dotarse de infraestructuras eficaces como redes de distribución de agua, servicios de limpieza o cuidados de jardines y una red de alcantarillado e infraestructuras culturales a un nivel que el resto de países envidian. Tan eficiente es el ecosistema que permite la construcción de viviendas de obra nueva, que cuando  se echa mucha gasolina al sector en forma de crédito hipotecario abundante y barato, el sector se recalienta a extremos increíbles, como pasó en los primeros años de nuestro siglo.

De momento no se teme ninguna otra burbuja, y la industria inmobiliaria genera de momento pocas unidades, comparado con la media de antes de la gran crisis. Pero para que siga siendo una industria eficiente, hacían falta medidas como las aprobadas y algunas otras que el Sector público, los Ayuntamientos y las administraciones autonómicas, y el privado, los promotores de obra nueva, están impulsando desde sus respectivos ámbitos.

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