Avales ICO para compra de vivienda joven: un gran paso en la buena dirección

INMOSHOTS Semana #9/2024

Sin entrar a fondo en cuestiones ideológicas, la realidad es que el mercado de la vivienda es el campo favorito para la experimentación social de los gobernantes de turno. Tiene lógica, porque contar con una vivienda digna es un derecho que no tiene una articulación simple en el mundo real. Hay educación, salud, seguridad ciudana y justicia gratuita, pero no una vivienda gratuita por el hecho de ser un ciudadano. La confrontación con el derecho a vivir en una vivivienda digna reconocido en la Constitución y su implementación efectiva se ha prestado siempre a un juego político complejo, no siempre equilibrado y transparente.

Desde 2019 en concreto, se han aprobado en Consejo de Ministros primero y en el Parlamento después, distintas normas, siempre partiendo de que lo que es bueno para los inquilinos, es lo mejor para el bien común. De esa forma, en sendos decretos, se alargó la duración mínima del alquiler residencial a voluntad del inquilino, sobre todo en contra de los denominados “grandes tenedores”, se toparon los incrementos de alquileres, se prohibieron desahucios, y finalmente se limitaron los importes de los propios alquileres en las llamadas “zonas tensionadas”, cuando fueran identificadas como tal por la autoridad local competente. De momento se están definiendo esas zonas en Barcelona.

Estos decretos y normas, son la expresión más palpable de lo que se denomina “mentalidad de suma cero”, o lo que es lo mismo: no hay algo que pueda beneficiar a propietarios e inquilinos al mismo tiempo. Para beneficiar al inquilino  hay que limitar los derechos de propiedad, y viceversa. Las pretensiones de hacer ingeniería social con el inmobiliario, ha llevado a los gobernantes incluso a legislar quien debe pagar los honorarios de la Agencia comercializadora (adivina: el propietario). Y no solo es España. En el colmo del intervencionismo público, las viviendas vacías en Bruselas son ilegales, pudiendo ser consfiscada a las dueños para sacarlas al mercado. Y no hablamos de teorías, sino de 4.000 viviendas en fase de expropiación. Y eso en la capital de una Unión Europea, un conferación de naciones basada en los principios del capitalismo clásico de libertad económica y derechos de propiedad.

Las cifras están ahí y no mienten. A estas alturas, los efectos palpables de la última Ley de la Vivienda y la ristra de normas precedentes del mismo signo , han provocado la retirada masiva de inmuebles para alquiler residencial. Algunas directamente no se alquilan, y otras muchas se han ido al alquiler vacacional de temporada (o turístico cuando bajo ese apariencia). Como consecuencia, el Gobierno se ha propuesto sacar otra norma para dificultar el alquiler de temporada, algo muy peligroso preocupante porque esa segmento alimenta una parte importante de la oferta vacacional en la costa y en el ámbito rural española.

Aparte incentivos fiscales modestos y diferidos para el arredandor, parecía que las ayudas a la vivienda se quedarían exclusivamente en el ámbito del alquiler. Por eso sorprende más que el Consejo de Ministros, haya tomado por fin una decisión en relación a la vivienda, que está muy lejos de esa fobia probada a la propiedad y a los propietarios. Y que, de paso, favorece a esa bestia negra que siguen siendo en parte los promotores inmobiliarios y los Fondos de inversión que se han instalado en el sector de nuestro país desde la Gran Crisis. El Gobierno ha aprobado la concesión de Avales ICO a jóvenes menores de 35 años para cubrir hasta el 20% de la compra de su primera vivienda, que es la aportación que normalmente exige el Banco para conceder la hipoteca al comprador. Un aval no es una subvención, pero puede tener un gran efecto dinamizador sobre la compra de vivienda por parte del segmento de la población más motivado, el de la primera compra. Frente a la exigencia de que sean los padres los que avalen ese 20% (lo normal en un Banco), será el propio Estado el que asuma ese papel “paternal”.

De momento, la decisión se ha tomado a nivel Consejo de Ministros, otra cosa es cuando estarán disponibles los fondos de forma efectiva para acceder a la compra.

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