EL ASALTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y LA ESTRATEGIA DEL SALAMI

Desde el nacimiento de la democracia en la Antigua Grecia, el derecho a la propiedad privada ha ido indisolublemente unido a la libertad individual y a la ciudadanía. Quien nada posee -se supone- es un individuo vulnerable cuyo destino está en manod de terceros. El derecho a la propiedad privada (individual o colectiva) se recoge de forma explícita en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en concreto en su artículo 17. Ese derecho a la propiedad no es absoluto, y puede sufrir limitaciones en algunas circunstancias y por motivos fundamentales y fundamentados. No es el caso con los continuos recortes que está sufriendo la propiedad de bienes inmuebles desde el año 2018 y, mucho más, desde que en 2019 fraguó una coalición de izquierdas que ha venido socavando poco a poco los derechos de los propietarios con una u otra excusa.

Aquí conviene recordar la metáfora del salami. Según ella, la mejor manera de quedarse con una barra de salami ajena es ir cortándola en finas lonchas y envolviéndola después para que el propietario legítimo no se dé cuenta, o por lo menos no se aperciba antes de que no quede prácticamente ningún resto en la despensa. Hay otras analogías parecidas, como la de la rana dentro del puchero que se calienta lentamente hasta que se cuece. A mí me gusta más la del salami. Y quien dice salami dice un salchichón ibérico.

Las primeras medidas de la coalición de izquierdas fue la modificación -en dos etapas- de la Ley de Arrendamientos urbanos. En la primera se extendió el derecho unilateral del inquilino a permanecer en la vivienda hasta cinco años, dos más que los previamente establecidos. Por otra parte, en una segunda etapa, se decidió que los grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas) tenían que reconocer dos años más de ese derecho a sus inquilinos. Después llegó la congelación de las subidas de las rentas y la prohibición de los desahucios a morosos con base a la situación de emergencia en la pandemia del Covid 19. Congelación que se alargó cuando ya la pandemia era historia y prohibición de los desahucios a personas vulnerables que aún hoy continúa, junto con el control estricto de las subidas de las rentas del alquiler, ahora limitadas por ley, a un índice que el Gobierno aprueba cada año. De forma simultánea al empeoramiento sistemático del derecho de un propietario a alquilar su vivienda a quien quiera, por el precio que quiera y el tiempo que quiera, se ha producido de forma más o menos espontánea, pero favorecida al menos por el clima creado por el Gobierno, el fenómeno de la ocupación salvaje y la inquiocupación, más civilizada pero no menos demoledora para los derechos de los propietarios legítimos de una vivienda. La guinda del pastel la puso el Gobierno con la aprobación de la Ley de la Vivienda, que dio muchas de cal y alguna de arena. La posibilidad de que los Ayuntamientos declaren zonas tensionadas y limiten los precios del alquiler sin más compensaciones al propietario constituyen también otro mazazo a la propiedad inmobiliaria y a su libre disposición.

Después le ha tocado el turno a las viviendas turísticas. El Gobierno de la nación, cuyo desamor por los propietarios de inmuebles está más que acreditada, encontró ahí un nicho popular donde los hubiera. En un país que presume de acoger este año a cien millones de turistas y con un sector turístico que aporta nada menos que el 13% del PIB, los políticos de turno, a izquierda y derecha, han encontrado un chivo expiatorio de lo más conveniente en las viviendas de uso turístico. En una operación de pinza, los Ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona impiden solicitar nuevas licencias de uso turístico, mientras que a nivel nacional, el Gobierno por decreto permite a las Comunidades de Propietarios  prohibir las viviendas turísticas contando con una mayoría cualificada se 3/5 e incluso gravarlas con un 20% más de gastos de comunidad, sembrando con ello la discordia entre vecinos a favor y en contra y utilizando a los propios vecinos para limitar los derechos de uso del resto de propietarios. Hay que decir que muchos propietarios habían optado por el alquiler turístico al no querer -o no poder- ceder el usufructo de su propiedad por cinco o siete años a un tercero.  

A más a más, el Gobierno ha creado un registro propio nacional controlado por los Registradores de la propiedad por encima de los registros autonómicos, para atar doblemente a estos propietarios. El hecho de atentar al derecho de propiedad, no le basta al Gobierno, que ha anunciado su intención de subir el IVA a los alquileres turísticos del 10% que paga la hostelería al 21% solo para esas propiedades. Una cosa es limitar derechos de propiedad y otra cosa es renunciar a los rendimientos e impuestos que proporciona a las arcas del Estado la vivienda de uso turístico.

¿Y ya está? Ni de coña. Que la intención de la coalición de Gobierno es quedarse con la barra del salami al completo se demuestra con la propuesta en una entrevista del gurú de SUMAR de “freir a impuestos” -son declaraciones literales- a las viviendas vacías. Detrás de ello, probablemente irán las segundas residencias, que absorben recursos de la contrucción y están infrautilizadas la mayor parte del año. Y es que no hay límites cuando un político descubre que puede cargar el muerto de la escasez de vivienda a un tercero, en este caso los propietarios. Y si tienes una Agencia inmobiliaria, ya sabes que también van a por ti como se puso en evidencia en las últimas manifestaciones convocadas por el llamado Sindicato de Inquilinos, un instrumento más de los políticos de la izquierda radical.

Mientras tanto, en el hemisferio sur, el presidente de Argentina Javier Miley -un liberal clásico que cree en la propiedad privada sin límites y en el libre mercado- decretó la liberalización total del mercado de la vivienda cuando subió al poder hace un año. Los resultados están a la vista y no gustan a los políticos que nos gobiernan en España: un aumento de más del 70% de las viviendas en alquiler y una bajada sustancial de los precios. Más claro, agua.